Grabaciones telefónicas, mensajes y testimonios de imputados que figuran en el sumario de
la trama Púnica salpican directamente a
Salvador Victoria, el número dos del Gobierno madrileño, consejero de Justicia y Presidencia y hombre fuerte del presidente
Ignacio González. José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), un organismo público cuyo consejo de administración preside Victoria, declaró el pasado 29 de octubre ante
el juez Eloy Velasco, instructor de este macrocaso, que fue su jefe, Victoria, quien le ordenó pedir a la firma de tecnologías informáticas Indra saldar una deuda de 10.000 euros con el empresario
Alejandro de Pedro Llorca, uno de los 35 detenidos en esa operación que sigue encarcelado como uno de los cabecillas de la red.
Según las pesquisas, la deuda obedecía a trabajos hechos por De Pedro para mejorar la imagen en la redes sociales e Internet de diferentes cargos del Gobierno de Madrid. En el sumario figuran pruebas de que Eico Online Reputation Management SL, la firma de Pedro Llorca, recibió encargos para promocionar la imagen en la Red de Victoria y del presidente madrileño, Ignacio González, algunos de ellos pagados con dinero público. En el caso de esta factura de 10.000 euros que indaga la Audiencia Nacional, los investigadores sospechan que fue sufragada por Indra, proveedor habitual de la Comunidad de Madrid a través de ICM, que en los últimos años le adjudicó contratos millonarios. Las pesquisas apuntan a que se usaron para ello facturas falsas y/o camufladas en contratas del Gobierno regional con la firma tecnológica que nada tenían que ver con esos trabajos de mejora de reputación de políticos del PP, entre otras supuestas irregularidades.
Además de a Salvador Victoria, actual consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, la investigación judicial implica a otros dos aforados que en la actualidad son diputados en la Asamblea madrileña: el exalcalde de Valdemoro (Madrid)
José Miguel Moreno Torres (tercer alcalde de este municipio supuestamente implicado en Púnica), y el actual regidor de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, Mario de Utrilla Palombi. Moreno sucedió durante 2003 en la alcaldía al considerado cerebro de la red,
Francisco Granados, cuando este se convirtió en consejero y mano derecha de la entonces presidenta
Esperanza Aguirre, que un año después le nombró secretario general del PP de Madrid. Granados está en la cárcel desde finales de octubre. La implicación de Moreno y De Utrilla es por favorecer presuntamente con contratas públicas a la red Púnica, cuyo origen es el hallazgo en 2013 de dos cuentas en Suiza, con 1,8 millones de euros opacos al fisco, a nombre de Granados.
“Son contratos fiscalizados”
El consejero de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria niega irregularidad alguna en la contratación de Alejandro de Pedro a través del área de Presidencia que le encargó “hacer los posicionamientos on line de la Comunidad” en contratos “que están firmados y fiscalizados”. Y explica que al margen de esos encargos, a De Pedro no se le ha hecho ningún pago.
El hombre fuerte del presidente, Ignacio González, sostiene que, por motivos de tesorería, en mayo existía una deuda de unos 10.000 euros con De Pedro y que éste empezó a llamarle insistentemente para cobrar. Victoria señala que poco antes del verano contestó “una o dos veces a las llamadas de De Pedro” , pero que se limitó a explicarle los problemas de tesorería y que este se ofreció para hablar con ICM por si podía prestarle algún servicio.
Victoria niega haber pedido a De Pedro trabajos para mejorar su imagen o la del presidente Ignacio González en Internet, y que estos hayan sido pagados por Indra. “Ni mediante facturas falsas ni inflando otras” ajenas al objeto de la contratación específica que mantenía con Presidencia. Victoria asegura que a De Pedro se le adeuda aún dinero y que no se le pagó nada desde que estalló la Operación Púnica.
Un sms que el empresario remitió al responsable de ICM avala este último extremo. En el mensaje De Pedro aseguraba que Indra había abonado los 10.000 euros pero que faltaban otras deudas por pagar.
Aunque pesan fuertes indicios delictivos sobre Victoria, Moreno y De Utrilla, según fuentes de la investigación, el juez Velasco no ha actuado aún contra ellos porque son aforados. La ley establece que el juez instructor, en cuanto tenga conocimiento de la implicación de aforados, debe inhibirse, en este caso en favor del Tribunal Superior de Madrid. Así que, en teoría, Velasco puede elevar la instrucción del sumario a este tribunal. De momento, sus nombres no figuran en los informes, pero sí en llamadas y mensajes telefónicos (algunos imputados de la red tenían los móviles intervenidos y hay registradas conversaciones entre estos y algunos de los aforados). Hay al menos una grabación entre el empresario de Internet Alejandro de Pedro y el consejero Victoria en la que el primero le pide que se le abonen unos 10.000 euros por trabajos relacionados, entre otras cosas, con la mejora de la reputación de cargos de la Comunidad, según las citadas fuentes. En las escuchas Victoria alega problemas de tesorería, pero le pide que no se preocupe porque va a encontrar el modo de pagarle. Esta conversación encaja con lo manifestado ante el juez por el exconsejero delegado de ICM Martínez Nicolás, también detenido en la Operación Púnica. Según fuentes de la investigación judicial, Martínez Nicolás “cantó” en la Audiencia Nacional y “disparó hacia arriba”, señalando a Victoria. Contó al juez Velasco que fue su jefe quien le pidió que “llamase a Indra”, proveedor habitual del organismo que presidía, para que se abonasen esos 10.000 euros a De Pedro. Victoria ha asegurado a EL PAÍS que en esa época recibió decenas de llamadas de De Pedro, pero que solo habló con él dos veces, y que el motivo fue que De Pedro reclamaba a su departamento una deuda de unos 10.000 euros por sus trabajos “de posicionamiento on line de la Comunidad”, pero que él nunca le encargó cometidos específicos de promoción en Internet ni para él ni para el presidente Ignacio González.
En la causa figura otra conversación, entre Martínez Nicolás y otro de los imputados,
Santiago Roura, director general de Indra y el principal contacto de la Comunidad en esta firma, en la que el primero (la grabación se produce a finales del pasado verano) comenta a Roura que su jefe (el consejero) “está muy enfadado” porque Indra no ha abonado aun los 10.000 euros que él pidió que se pagasen a De Pedro. Tras advertirle del enfado de Salvador Victoria, Indra sí hizo la entrega de ese dinero, según los investigadores. Así se deduce de un
sms enviado por De Pedro a Martínez Nicolás una semana después de que este hubiese alertado a Indra del malestar de su jefe por la tardanza en pagar esos 10.000 euros. El mensaje ha sido incorporado al sumario. Tras declarar ante Velasco, Martínez Nicolás quedó libre con cargos pero sin medidas cautelares (diez detenidos acabaron en prisión y otros con fianzas). Indra mantiene numerosas contratas con ICM, cuyo consejo de administración preside Victoria en su calidad de consejero de Presidencia, de la que depende este organismo, que en 2014 dispuso de un presupuesto de 155 millones de euros para todo lo relacionado con la informática del Gobierno madrileño. Indra ha declinado hacer comentarios “dado que las diligencia previas seguidas por el juzgado se encuentran bajo secreto de sumario”.
Según fuentes de la investigación judicial, en la que interviene
la fiscal Anticorrupción Carmen García, Martínez Nicolás apuntó a su jefe tanto en su declaración ante la Guardia Civil como después ante el juez. En uno de sus autos sobre la red Púnica, cuyo sumario sigue secreto, el juez Velasco avanza, pero sin dar nombres, de la existencia de indicios que apuntan a la implicación de altos cargos de la Comunidad de Madrid en la trama. Preguntado por el juez sobre si el presidente de Madrid, Ignacio González, estaba al tanto de estos manejos, Martínez Nicolás aseguró desconocer ese extremo.
