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miércoles, 28 de enero de 2015


El juez Andreu imputa a los 78 titulares de las tarjetas «black» de Caja Madrid y Bankia

Del 18 al 20 de febrero ha citado a declarar a los 27 consejeros y administradores de ambas entidades financieras y también, aunque como testigos, a los cinco directivos que nunca las utilizaron
28 de enero de 2015. Actualizado a las 13:22 h.00
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El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que instruye el caso del uso de las tarjetas opacas por ex responsables de Caja Madrid y Bankia, acaba de dictar un Auto en el que imputa a los 78 titulares de las citadas tarjetas, aunque por el momento solo cita a declarar en calidad de imputados por un delito de administración desleal o apropiación indebida a los 27 consejeros y administradores de ambas entidades financieras. Los interrogatorios se desarrollarán entre los días 16 y 18 de febrero.
En su Auto, el juez explica que lo fundamental a partir de ahora es dilucidar el concepto por el que emitieron y entregaron las tarjetas de crédito, tanto a los consejeros como a los directivos, de ahí que distinga entre los administradores y los directivos.
Andreu considera que en este momento procesal existen serias dudas sobre el carácter de los gastos originados por esas tarjetas. Lo que pretende aclarar es si se emitieron como gastos de representación o como complemento de retribución, supuestos que definirían los delitos de administración desleal o apropiación indebida.
En los nueve folios de su resolución, el juez hace constar que si se trataba de una tarjeta de empresa para hacer frente a los gastos de representación, no existe soporte contractual, ni previsión estatutaria, ni decisión de los órganos de gobierno en tal sentido y recuerda que además se terminaron entregando este tipo de tarjetas a consejeros y directivos con unos fines completamente distintos a los previstos en los gastos de representación, «convirtiendo su entrega en una remuneración irregular, de forma que con un limite mensual según el cargo que ocupase su beneficiario, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa».
Atendiendo a estas razones y a los gastos efectuados con estas tarjetas Andreu duda de que se tratara de tarjetas de empresa. Ahora bien, ante la opción de considerarlas como retribución, tal y como han declarado algunos consejeros, no entiende por qué en ese caso algunos de los beneficiarios nunca las utilizaron «o el por qué la mayoría de los usuarios no llegaba a agotar el saldo de las que eran beneficiarios, saldo que no se traspasaba a dicho beneficiario, sino que quedaba en la entidad emisora de la tarjeta, haciendo así una dejación incomprensible de una retribución a la que al menos los directivos, tendrían derecho».
Para aclarar estos términos el magistrado también quiere oír como testigos a los cinco directivos que nunca utilizaron las tarjetas y al expresidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro. A los seis testigos les ha citado a declarar el próximo 20 de febrero.
Ahora los 78 imputados tendrán que designar abogado y personarse en la causa. En su auto el juez también ha requerido a Bankia y a la fundación Caja Madrid para que le informen sobre los beneficiarios de las tarjetas que han devuelto el dinero, indicando los importes.

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La Justicia va demasiado lenta, tal vez en gran parte por la falta de medios. La Administración o en concreto el Gobierno, pasa de dotar a la Justicia en España de los medios necesarios para tratar de atajar la montaña de casos de corrupción que colapsan los juzgados.
Al gobierno actual le interesa que esto ocurra, ya que una gran mayoría de los "imputados" pendientes de rendir cuentas por sus robos y fraudes son pertenecientes al PP, partido que sustenta en el poder al Gobierno de España.

Autor: Francisco Fernández Cuadrado.

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